El requerimiento se centra en un contrato por $10.000 millones, mediante el cual el Estado colombiano contrató una firma extranjera para asesorar jurídicamente a Petro, incluido en la denominada Lista Clinton
El abogado Santiago Vélez solicitó formalmente a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (Ofac, por sus siglas en inglés) que revise el posible uso de recursos públicos colombianos destinados a la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro, tras la celebración de un contrato entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y una firma extranjera de consultoría legal. La petición fue presentada como un suministro de información para evaluar posibles implicaciones en el marco del régimen de sanciones financieras de Estados Unidos.
De acuerdo con la comunicación enviada a la Ofac, el requerimiento se sustenta en información pública sobre el Contrato No. 001-2026, así como en una actuación adelantada por la Procuraduría General de la Nación. El abogado expone que dicho contrato es financiado en su totalidad con recursos del presupuesto nacional y que su objeto está relacionado con servicios jurídicos especializados en materia de sanciones financieras internacionales.
En la carta, Vélez señala que el 15 de enero de 2026 la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales de control disciplinario, expidió una resolución mediante la cual inició una indagación previa sobre el Contrato No. 001-2026. Según el documento remitido a la Ofac, “la resolución confirma que el contrato está financiado exclusivamente con recursos del presupuesto nacional colombiano y expresa preocupaciones en el sentido de que, de comprobarse, el uso de recursos públicos podría estar orientado principalmente a intereses personales del presidente de la República y no a un interés institucional o colectivo del Estado”.
En la carta, Vélez señala que el 15 de enero de 2026 la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales de control disciplinario, expidió una resolución mediante la cual inició una indagación previa sobre el Contrato No. 001-2026. Según el documento remitido a la Ofac, “la resolución confirma que el contrato está financiado exclusivamente con recursos del presupuesto nacional colombiano y expresa preocupaciones en el sentido de que, de comprobarse, el uso de recursos públicos podría estar orientado principalmente a intereses personales del presidente de la República y no a un interés institucional o colectivo del Estado”.
El contrato cuestionado fue suscrito el 9 de enero de 2026 mediante la modalidad de contratación directa y tiene vigencia hasta el 30 de abril del mismo año. Su valor asciende a $10.000 millones y el contratista es la firma Amadeus Consultancy Limited, con sede en el Reino Unido, y los pagos están previstos en moneda extranjera.
Marco de sanciones de Estados Unidos y solicitud a la Ofac
La solicitud busca que la Ofac evalúe si bancos o firmas con vínculos con EE. UU. participaron en el traslado de recursos públicos para esa defensa - crédito Ecured
En la carta se expone el marco normativo aplicable en Estados Unidos en materia de sanciones. De acuerdo con la traducción incluida, “las regulaciones de sanciones de Estados Unidos prohíben las transacciones que impliquen la transferencia de fondos o la prestación de servicios a, o en beneficio de, una persona bloqueada, salvo que exista una autorización expresa de la Ofac”. Asimismo, se advierte que las operaciones destinadas a eludir o evitar dichas prohibiciones también están restringidas.
Aunque se reconoce que las normas permiten la prestación de ciertos servicios legales bajo condiciones específicas, Vélez aclaró que “estas autorizaciones no se extienden automáticamente a pagos financiados por terceros o por entidades soberanas, sin una licencia general o específica válida de la Ofac, en particular cuando el individuo designado es el beneficiario material”.
Con base en lo anterior, el abogado solicitó que la Ofac evalúe si bancos, firmas de abogados u otras entidades —especialmente las que tienen relación con Estados Unidos— están recibiendo o ayudando a mover dinero público del Estado colombiano para pagar la defensa jurídica de una persona que figura en la Lista Clinton. Es decir, la solicitud busca que se verifique si recursos del presupuesto nacional están siendo usados, directa o indirectamente, para cubrir gastos legales de Petro, y si en ese proceso participan instituciones que deben cumplir las reglas de sanciones estadounidenses.
Defensa de Petro tras millonario contrato para su defensa
Frente a las críticas, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) respaldó el proceso de contratación y afirmó que no se trata de una medida orientada a beneficiar de manera personal al presidente Gustavo Petro, que fue sancionado por Estados Unidos junto con su esposa, su hijo y el ministro del Interior.
En un pronunciamiento oficial, la entidad sostuvo que “no constituye un hecho excepcional ni responde a intereses personales” y que el objeto del contrato “no es la defensa personal del presidente de la República ni de ningún funcionario en particular”. Según el Dapre, se realizó una revisión histórica de procesos similares y se concluyó que este tipo de contrataciones ha sido recurrente en la administración pública colombiana.
De acuerdo con esa explicación, “los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (FARA Database), así como los archivos institucionales del Dapre, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades”.
La entidad añadió que prácticas similares se llevaron a cabo durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, y que “en ese mismo marco institucional se inscribe la contratación actual”
