Procurador defiende la reforma, ataca legalización y asegura que desea seguir en la vida pública.
Le ha ido bien a la Procuraduría en las encuestas. Es la segunda institución en confianza de la ciudadanía, después de las Fuerzas Militares, con un 72 por ciento...Es indudable que la gestión que ha hecho el equipo de la Procuraduría durante estos tres años le ha generado un gran reconocimiento público. Y ha permitido fortalecer la institución. (Lea también: 'Procurador obstaculiza aborto legal': líder de la despenalización).
Aprovechando que la ciudadanía le cree, ¿podría contarnos si la reforma de la justicia es buena, o va a dejar las cosas peores?
Con los sobresaltos del proceso, la reforma hoy tiene logros importantes, aunque le reconozco que no es ideal. Me parece que se avanza en cosas como la doble instancia para congresistas, y ello le da mayor legitimidad al Estado. Era un aspecto que incluso los magistrados de la Corte estaban de acuerdo en modificar.
¿Es suficiente garantía que las dos instancias se surtan ante la Corte?
La intervención de la Sala Plena en esos procesos es una garantía. Y me gusta el diseño que tiene el proyecto para la descongestión.
Lo critican mucho dizque porque 'privatiza' la justicia...
Hay riesgos, que son los que han señalado sectores, incluido el judicial, pero la congestión y la impunidad deben abordarse con imaginación. Históricamente se había ensayado un mayor presupuesto para la rama y eso, hay que reconocerlo, no funcionó. Los niveles de congestión son cada vez mayores y por ende los niveles de deslegitimación del Estado, por esto, son gigantescos. Que se les otorgue a los abogados y a los notarios esas funciones me parece una contribución importante para lograr la descongestión. (Lea acá: 'Farmaceúticas, las más interesadas en legalizar la droga': Ordóñez).
¿Le gusta la eliminación del Consejo de la Judicatura?
Las razones que tienen los colombianos para ello son evidentes. Nadie hoy estaría en condiciones para controvertir esa eliminación. Pero también hay riesgos, porque se debe preservar la autonomía de la Rama Judicial, un logro de la Constitución del 91. El diseño de los nuevos órganos debe buscar preservar tal autonomía.
¿Uno podía imaginar que vería a magistrados en el Palacio de Nariño abogando por la prolongación de sus períodos? Después critican al expresidente Uribe por haber tramitado su reelección...
Más que la prolongación del período y el beneficio que puedan derivar los magistrados, yo no estoy de acuerdo con los períodos en la Rama Judicial.
¿Cómo así? ¿Preferiría que los cargos fueran vitalicios?
Sí. Soy partidario de la cooptación vitalicia de los altos funcionarios judiciales. Se evitan los riesgos que hoy estamos viendo, como que salgan a ejercer la profesión en temas que lidiaron como magistrados, o a hacer política. Eso no pasaba cuando la administración de justicia estaba blindada con la cooptación vitalicia. También había una gran permanencia de la jurisprudencia, lo cual redundaba en mayor seguridad jurídica (aunque yo me beneficie del actual sistema de nominación). En esto no fue afortunado el Constituyente del 91.
Lo he oído también oponerse de manera muy dura a la legalización de las drogas, que el propio presidente Santos ha propuesto discutir. ¿Por qué?
Soy enemigo de la legalización de la droga. Primero, porque no es cierto que la guerra contra las drogas se haya perdido.
Tampoco se ha ganado...
Tampoco. Pero pensando así, tendríamos que legalizar todos los delitos. Porque siempre la sociedad y el Estado van a estar en tensión, y a la autoridad le corresponde combatir actos, hechos y conductas que afectan a la sociedad y a los ciudadanos.
Pero acabar con las ganancias del negocio, ¿no le suena?
Eso tampoco es cierto. El negocio no se acaba con la legalización de las drogas, porque no todas pueden ser legalizadas. Habrá unas que no se legalizarán. Va a continuar el tráfico y el negocio. La droga que se legalice, por lo demás, aumentará en calidad y bajará de precio, luego necesariamente aumentará el consumo.
Santos propone gravar el negocio de la droga con impuestos y dedicar ese dinero a la prevención...
Hay quienes creen que la solución es colocar impuestos... Pero al gravar el negocio, eso incentiva y promueve el mercado ilegal. Porque habría droga más barata, que no paga impuestos, para proveer a los consumidores.
¿Y la propuesta de incrementar la prevención?
Lo prohibitivo no excluye lo preventivo, y más aún en un país productor. Aquí no se puede pensar en la estrategia portuguesa, de aplicar la prevención, porque Colombia es un país productor. Y hay todo un tráfico y unas empresas criminales que se financian con el narcotráfico. Y mire cuáles son los grandes intereses económicos detrás del debate de la legalización de la droga.
¿Cuáles son?
Los de las empresas farmacéuticas. El valor del mercado ilegal de las drogas en el mundo es de 380.000 millones de dólares. Legalizado el mercado, ¿quién lo va a administrar? No son las Farc ni las empresas criminales, sino las grandes farmacéuticas, y por eso es que uno ve a personajes como el millonario George Soros financiando los referéndums prolegalización de la droga en los EE. UU.
Interesante punto de vista. Salto de tema. ¿No le parece un poquito exagerada la inhabilidad de diez años que le impuso al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, que luchó contra mafias criminales y cometió el pecado de hacer un comentario indebido sobre política?
En el Estatuto Disciplinario se establece como falta gravísima la intervención en política. Esa es la sanción mínima por ello. La sanción que se le impone tiene que ver con la necesidad de dar mayor transparencia y credibilidad a los procesos electorales. Acá existía esa norma desde el año 92, y casi nunca se había sancionado a un funcionario público. He destituido a más de 15 funcionarios por incurrir en esa falta. (Siga este enlace para leer: Si deciden legalizar la droga se debería ir a un referendo: Procurador).
Pero él no hizo ningún uso indebido de los bienes públicos en ese supuesto proselitismo, apenas fue un desliz verbal. Insisto: ¿no es muy dura la sanción?
Están bien sus denuncias, pero utilizó esas circunstancias para producir efectos políticos. Eso deslegitima los procesos democráticos y eso es lo que protege el Estatuto Disciplinario. Y no fue un desliz: usurpó funciones públicas, hay que leer el fallo.
Las defensoras del aborto insistentemente han dicho que el Procurador ha usado todo su poder para que no se cumpla la sentencia del aborto. ¿Qué opina de eso?
Nadie lo puede afirmar, todas las actuaciones de la Procuraduría han sido en defensa del ordenamiento jurídico y la sentencia C-355/06 tiene plenos efectos jurídicos. Es cierto que he planteado nulidades específicas en relación con acciones de tutela que proponen hechos que van más allá de esa sentencia, posición que ha sido compartida por varios magistrados de la Corte Constitucional. Lo que hoy algunos pretenden es introducir de contrabando el aborto incondicional por cualquier circunstancia, desbordando lo señalado en la C-355. Estamos ante una terrible desinformación.
Vamos a lo último: su reelección. ¿Cómo va ese proceso? Preocupa que cuando un procurador anuncia su reelección, todo lo que hace se vuelve sospechoso.
Estoy de acuerdo con usted en que hay un manto de duda sobre cualquier decisión. Cuando el Procurador absuelve, condena, omite o hace algún gesto, saluda a alguien... Todo eso es interpretado dentro de ese marco. Pero en nuestro ordenamiento jurídico se permite la reelección.
¿Por qué piensa que se permite para el Procurador y no para el Fiscal? ¿Fue un descuido de la Constitución del 91?
El Constituyente, caprichosamente, consideró que algunos funcionarios podían ser reelegidos, y otros no. Yo acepto y me beneficio lícitamente de esa circunstancia.
¿Por qué parecería como si el presidente Santos estuviera un poco desganado frente a la posibilidad de ternarlo a usted?
Yo no me atrevería a afirmar que esté desganado. Ha sido prudente, cauto en sus apreciaciones.
¿No descarta entonces que termine ternándolo?
No descarto que me pueda ternar ninguno de los tres órganos a los que les corresponde ese oficio, el Consejo de Estado, la Corte Suprema o el señor Presidente.
Pero le están apareciendo rivales. Dicen que el magistrado Augusto Ibáñez se retira de la Corte para aspirar a la Procuraduría...
Hay que preguntarle si eso es cierto al doctor Germán Vargas Lleras.
(¡Ja ja ja!) ¿Qué opina de un excelente nombre como el de Héctor Helí Rojas?
A mí también me parece excelente. Sobre sus intenciones habrá que preguntarle al expresidente Samper.
También se habla de la magistrada de la Judicatura, María Mercedes López. ¿Será?
Eso también pregúnteselo al doctor Samper.
¿Le suena que aspira el excomisionado de paz Víctor G. Ricardo?
Me han contado de su aspiración.
¿Usted al fin qué es: el 'gran absolvedor de la nación', como le dicen unos, o el 'gran condenador', como lo apodan otros?
Inicialmente me decían el "nuevo absolvedor general de la nación". Ahora algunos sectores me dicen el "nuevo perseguidor". La opinión pública conoce mis decisiones, sabe que soy independiente, que soy objetivo y equilibrado en mis actuaciones. Ese juicio le corresponde a la opinión pública.
¿Qué pasa si nadie lo terna?
No me estoy aferrando a esta reelección. Si no me reeligen, continuaré en la vida pública.
¿Y esa 'vida pública' incluiría una eventual candidatura presidencial en nombre de los sectores conservadores de este país?
Cada día trae su afán. Lo cierto es que tengo vocación por lo público, y así como mi presencia en la función judicial fue un episodio en esa vida pública, lo mismo lo es el Ministerio Público y voy a continuar circundando esa vida pública con el mismo carácter y el mismo talante.
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