Los proyectos de vivienda, tanto de interés social (VIS) como
prioritaria (VIP), en Bogotá y Cundinamarca pasan por serias
dificultades. Tras el anuncio de suspensión de venta de agua en bloque
para varios municipios del departamento y las políticas de desarrollo
urbanístico manifestadas por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, las
construcciones planeadas en la región están frenadas.
De acuerdo con Martha Moreno, gerente de la Cámara de Construcción de Colombia
(Camacol) en Bogotá y Cundinamarca, se estima que actualmente la cifra
de unidades afectadas en los proyectos departamentales están alrededor
de las 154.782 unidades y más de 100 mil más en la capital tanto por
problemas de agua como por dificultades con el urbanismo.
La medida establecida por Petro, de suspender la venta de acueducto
en bloque, es una decisión que va en contravía de la meta contemplada en
el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) vigente hasta el 2016, que
plantea la construcción de 70.000 viviendas durante este periodo.
A parte de la crisis por el suministro del recurso natural,
las directivas de Camacol sostienen que con el PDD aprobado por el
Concejo de Bogotá surgen nuevos retos, debido a que la Administración
Distrital impone nuevas obligaciones sobre el uso y costo del suelo, es
decir, se realizará una trasferencia de cargas económicas que
presionarán un incremento en el precio de la vivienda para el comprador
final.
Sobre la inconformidad expresada por el Gremio y de las constructoras que están gestionando proyectos en zonas periféricas de Bogotá,
Luis Aurelio Díaz, presidente de Oikos, considera que la decisión del
alcalde es poco aceptable, debido a que la capital del país también
depende del acueducto en bloque, en este caso a través de la Calera,
además de que la red de aguas locales generalmente permanecen al tope,
lo que indica que todos trabajan con una capacidad entre el 90% y 95%,
por lo que no se podrían habilitar para proveer otras operaciones.
La ausencia de la red, que hasta el momento del pronunciamiento de
Petro alimentaba a los proyectos rurales, afectará, además de Bogotá, a
municipios como Soacha y Mosquera, que tiene proyectos detenidos, además
de Funza, Madrid, Zipaquirá y Facatativá, que dependen de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab).
Si esta situación no se soluciona pronto en Bogotá -según Moreno- lo
más probable es que no se logre reducir el déficit de vivienda en
Bogotá, más si se tiene en cuenta la dinámica y crecimiento poblacional
que viene presentando la ciudad.
En esa misma línea, Díaz destaca que la garantía en las metas de
crecimiento en vivienda en el país están en las edificaciones de VIS y
VIP que se ejecutan en las zonas periféricas. Con la falta de suministro
de los bloques, se prevé una reducción de 5.000 o 7.000 proyectos que
se ejecutan al año dentro del departamento.
Otra de las consecuencias del pronunciamiento será que los
constructores se desmotiven y no realicen mayores inversiones debido a
la inseguridad jurídica. Lo anterior no solo afectará las meta de las
100.000 viviendas del Gobierno sino también a los índices de empleo de
la región, ya que según cifras de Camacol se generan 150 puestos de
trabajo por cada 100 viviendas construidas.
Los constructores coinciden en que las decisiones de la Alcaldía son
consecuentes con el crecimiento urbano, pero no con el de la región, que
es un conjunto.
¿Habrá crisis en la meta de Bogotá Humana?
Dentro
de los estudios realizados por la Cámara de Construcción de Colombia
(Camacol) en Bogotá y del Dane, entre 2012 y 2015 se deberán entregar
235.000 hogares para superar el déficit de vivienda que hay en Bogotá.
Sin embargo, justo en este año la cifra de Vivienda de Interés Social
(VIS) y Prioritaria (VIP) continúa en ascendiendo a favor del déficit.
Según estos resultados, 407 mil viviendas serían la deuda que tendría el
mandato de Gustavo Petro.
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