En la discusión en la comisión primera de la corporación se estudia ahora ampliar los beneficios jurídicos, según la norma, a todos los funcionarios públicos y no sólo a los agentes del Estado.
De hecho, el mismo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirmó que siendo riguroso jurídicamente la figura de “agentes del Estado” no forma parte del contenido de la Constitución y por lo cual considera que son los “funcionarios públicos” quienes deben estar contemplados en la reforma constitucional.
“Se trata de servidores públicos que por alguna razón puedan dar lugar con su conducta a algún tipo de enjuiciamiento en su momento, luego de terminado el conflicto por hechos dados en el mismo conflicto”, aseguró.
“Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición (…) Una Ley estatutaria podrá autorizar un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los servidores públicos, en relación con su participación en el mismo”, cita el artículo.
Aun así, el senador Roy Leonardo Barreras, autor del marco para la paz, no está convencido de la nueva tesis expuesta por el ministro Esguerra.
“El ministro considera que servidores públicos es más adecuado al texto de la constitución del 91, pero otros opinamos que agentes del Estado, como venía, es más tranquilo, seguro y coherente con la Ley de Víctimas que ya utiliza ese término”, indicó.
El senador consideró que el texto final del proyecto debe aclarar que se trata de “agentes del Estado que hayan participado en las hostilidades en el marco del conflicto armado interno, y aunque resulta más largo queda por fuera todo aquel, funcionario del Estado, que haya cometido delitos que no tengan que ver con el conflicto”.
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